El inmueble ubicado en Avenida Santa María era utilizado para guardar cajetillas de contrabando que luego eran comercializadas en un puesto autorizado de la calle José Antonio Salinas. El operativo realizado por la PDI tras una denuncia anónima concluyó con un ciudadano chileno detenido y 1.470 cajetillas incautadas.
El contrabando de cigarrillos es un fenómeno delictual que provoca pérdidas fiscales multimillonarias para el Estado por evasión fiscal. Según datos de MIDE UC, solo en 2024 el ejecutivo dejó de percibir más de 1.150 millones de dólares por este delito.
En esta línea, un operativo de PDI realizado este martes gracias a una denuncia anónima, logró la detención de Miguel Antonio Valenzuela Campos, ciudadano chileno que pertenecía a un grupo familiar dedicado a la venta de cigarrillos de contrabando. El operativo consistió en el allanamiento de un inmueble ubicado en Avenida Santa María donde se logró la incautación de 1.740 cajetillas de contrabando.
La empresa ALTO Chile, con experiencia en el combate de delitos aduaneros, mantenía información sobre este grupo criminal: “Sabíamos que este toldo azul, que cuenta con todos los permisos municipales de funcionamiento, estaba comercializando cajetillas de contrabando”, señaló Álvaro Fuenzalida, Jefe de Delitos de Alta Complejidad de la compañía.
Además, Fuenzalida agregó: “Ya habíamos identificado que la operación se manejaba por un matrimonio, donde Miguel Antonio Valenzuela Campos se encargaba del transporte desde el inmueble hasta el punto de venta, y su esposa dirigía la comercialización en el toldo azul”.
El especialista también señala la existencia de una tercera persona involucrada en la red, dedicada al transporte de cajetillas de contrabando, quien era contactada directamente por la esposa de Campos desde el punto de venta, trasladando hasta un máximo de 10 cartones. Cuando las entregas eran mayores, era Valenzuela quien realizaba las entregas personalmente.
“Uno de los temas más graves en este caso, es que, además del delito de contrabando, este puesto cuenta con permisos municipales de funcionamiento, estableciendo una lógica criminal a costas del municipio de Rancagua”, agrega Fuenzalida.
Tras el operativo, Valenzuela Campos, que cuenta con antecedentes penales por delitos aduaneros de contrabando, pasó a control de detención, donde el Ministerio Público determinó las medidas cautelares de arraigo nacional y estableció un plazo de 60 días para la investigación.
