La finalidad es garantizar el cumplimiento del convenio alcanzado en 1982.
“Con esto, permitiremos que los pensionados de El Teniente puedan acceder a todas las prestaciones y coberturas establecidas para los ex trabajadores y sus familias”, explicó Soto.
El diputado Raúl Soto inició un proceso de fiscalización a la Isapre ISalud y el Hospital Clínico Fusat tras una serie de incumplimientos de las condiciones del Plan de Salud Preferente que beneficia a más de 7.000 personas.
Por este motivo, el parlamentario ofició a la Superintendencia de Salud y el pasado jueves, en conjunto con representantes del gremio, se reunió con el superintendente Víctor Torres. Esto, para denunciar que tanto la Isapre ISalud y como el Hospital Clínico FUSAT, les ha desconocido el convenio alcanzado por negociación colectiva en 1982.
“La finalidad de esta fiscalización es que tanto FUSAT como la ISalud garanticen el respeto al convenio alcanzado hace ya más de 40 años. Con esto, permitiremos que los pensionados de El Teniente puedan acceder a todas las prestaciones y coberturas establecidas para los ex trabajadores y sus familias”, explicó el diputado por el distrito 15.
Por su parte, Ramón Rivas, presidente de la Agrupación Social, Cultural y Deportiva de Pensionados Adulto Mayor El Teniente, que representa a más de 1.050 socios, valoró las gestiones del diputado Soto y resaltó la reunión realizada el pasado 24 de abril con Torres. Además, explicó que “por la reforma de salud que actualmente permite que una Isapre administre todas las prestaciones que otorga FUSAT, nos estamos enfrentando a una vulneración del convenio y su plan, ya que la Isapre está desconociendo este derecho adquirido y no respeta nuestra cobertura”.
En concreto, las irregularidades que se han constatado son cuatro:
- Restricciones indebidas de cobertura, desconocimiento de prestaciones históricas y modificaciones unilaterales de condiciones;
- Inobservancia del carácter indefinido del beneficio, pretendiendo su equiparación a planes de salud de libre contratación en el mercado, contrariando su origen como derecho colectivo;
- Primacía de intereses comerciales por sobre la correcta ejecución del plan de salud pactado en negociación colectiva;
- Frecuente necesidad de recurrir a la Superintendencia Regional de Salud de Rancagua para reclamar coberturas denegadas.
“El superintendente se comprometió a iniciar una fiscalización, lo que fue solicitado formalmente vía oficio, por lo que esperamos un pronto resultado que entregue una solución a las miles de personas afectadas”, sentenció el diputado Soto.
