Solo un tercio de las municipalidades beneficiadas por el proyecto cumplió con la normativa de informar la planificación de gastos al 31 de julio. En las vísperas de un nuevo informe, la parlamentaria Veloso solicitó a ambas entidades que adopten medidas para fomentar la transparencia y eficacia municipal.
En abril de 2024, el Gobierno realizó la primera transferencia de fondos por concepto de Royalty Minero, el bullado impuesto a la gran minería, cuyo adelanto de dineros derivó un total de $93 mil millones a 307 municipios de todo el país. No obstante, sobre las jefaturas pesaba la obligación de reportar dentro de los próximos tres meses la planificación o uso de esos recursos; normativa que solo un tercio cumplió para el mes de julio.
Dicha situación es la que inquieta a la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso, quien, en la víspera de la entrega del segundo reporte de pagos -cuya publicación estaba fechada para el 14 de octubre pero se ha retrasado-, ofició a la Contraloría General y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para adoptar medidas que fomenten la transparencia municipal y aumenten la eficacia en las nuevas herramientas de información.
“Esta situación resulta sumamente preocupante, debido a que la falta en la entrega de información supone una falta de transparencia en la utilización de los recursos públicos destinados al bien común y, además, impiden el control sobre estos, tanto de los órganos que poseen facultades de fiscalización como de la propia ciudadanía”, señaló la congresista, en documento enviado a las jefaturas de ambos órganos.
En concreto, el primer informe correspondiente a los “fondos puente” del Royalty distribuidos en abril, abarcan tanto a las comunas incluidas en el Fondo de Equidad Territorial (FET) como en el Fondo Común Minero (FCMI); bolsas de recursos que beneficiaron a un total de 300 y 43 municipios respectivamente, con 36 gobiernos locales que recibieron por partida doble.
En ambos casos, el reporte de modificaciones presupuestarias y gastos ejecutados es paupérrimo. Respecto al FET, un 61,7% de los municipios informó modificaciones y solo un 31,7% detalló sus gastos, es decir, 95 de los 300 municipios. En el FCMI, similarmente, un 55,8% reportó la modificación y solo un 27,9% especificó su uso, correspondiente a 12 casas edilicias de 43.
Vale mencionar que la plataforma web de la Subdere destinada a la actualización de dichos datos -en la pestaña de Fondo Royalty Minero del Sistema de Información Municipal- se mantiene sin nuevos reportes desde el 19 de agosto. Por lo tanto, no ha existido mayor información respecto al estado de los fondos en los últimos meses.
Por lo mismo, la diputada Veloso arguyó que “urge que la Subdere, dentro del marco de sus competencias, adopte las medidas necesarias que permitan facilitar a los municipios la realización de los reportes y cumplir con la actual normativa. A su vez, resulta indispensable que la Contraloría General de la República ejerza el control sobre el uso de los recursos públicos y de legalidad correspondiente. Con el Royalty Minero no puede haber faltas a la transparencia”.
Las acciones requeridas en el oficio responden a cuatro puntos. Primero, que la Subdere informe si puso en conocimiento de Contraloría el incumplimiento de más de un centenar de municipios. Además, que la entidad transparente si se han tomado medidas para facilitar la realización de los reportes por el personal municipal, y aclare qué modernizaciones se evalúan para mejorar los niveles de cumplimiento en los gobiernos locales.
Finalmente, la parlamentaria solicita que Contraloría informe a la Cámara de Diputados cuáles medidas adoptará para fiscalizar el correcto uso de dichos recursos en las casas edilicias, tomando en consideración el alto porcentaje que no cumplió con la normativa.
